Transformar el concierto social: retos y futuro del Tercer Sector de Acción Social
21/11/2025
La Fundación Ferrer i Guàrdia ha presentado la tercera edición del estudio sobre la financiación del Tercer Sector de Acción Social (TSAS): Hacia la reformulación del concierto social. El proyecto, impulsado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, analiza desde 2023 el modelo de financiación en un sentido amplio: económico, profesional y de infraestructuras.
Contextualización y evolución del estudio
La edición de 2025 se centra en los conciertos sociales, un mecanismo de colaboración público-social –regulado o normativizado por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)– aplicado de manera desigual entre comunidades autónomas, lo que genera dificultades para el TSAS. El estudio busca establecer criterios comunes que refuercen la estabilidad financiera, la calidad de los servicios y el papel del sector como agente esencial.
Josep Mañé, coordinador de proyectos de la Fundación Ferrer i Guàrdia, ha abierto la presentación recordando la evolución del proyecto: la primera edición (2023) identificó retos generales del sector y la segunda (2024) se centró en la diversificación de financiación. Este año, el objetivo ha sido analizar cómo se aplica el concierto social, identificar sus obstáculos y definir un modelo más efectivo y sostenible. Pese a la creciente participación de las entidades, Mañé ha lamentado que el Ministerio no haya previsto continuidad presupuestaria en 2026, lo que refuerza la necesidad de más recursos para generar conocimiento e impulsar espacios de debate estratégico.
El estudio constata que la precariedad económica y la inestabilidad contractual continúan afectando a la capacidad del sector para garantizar servicios de calidad. La Fundación Ferrer i Guàrdia insiste en que el concierto social solsolo puede funcionar si se desarrolla con recursos suficientes, criterios homogéneos y un marco legal que proteja la misión social de las entidades.
Metodología del estudio
La edición de 2025 se ha elaborado a partir de revisión documental, análisis normativo y entrevistas en profundidad a agentes clave y grupos de debate. El proceso ha incorporado un grupo de debate y el seguimiento de un comité de personas expertas —Javier Luengo, Begoña Besada, Vicente Marván, Oliveras Montserrat y Marisa Gómez— que ha validado las conclusiones.
El proyecto ha contado con la implicación de entidades del Tercer Sector de todo el estado, entre ellas la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, la Confederación de Cataluña, la Plataforma del Tercer Sector de Madrid, Sareen Sarea en el País Vasco, EAPN Galicia y el Tercer Sector Social de las Islas Baleares. Su aportación ha permitido contrastar realidades territoriales e identificar buenas prácticas.
Principales resultados
El investigador Joan Gorina ha explicado que el estudio analiza el concierto social desde una perspectiva analítica, comparada y dialogada, a partir de seis comunidades autónomas consideradas representativas. La conclusión central es la gran desigualdad en el desarrollo del concierto social entre territorios, fruto de la competencia autonómica para aplicar la LCSP.
Entre las realidades analizadas, Madrid prácticamente no ha desplegado el modelo; Euskadi cuenta con una normativa avanzada, pero parada por sentencias judiciales; Cataluña tiene un modelo en evolución y un debate abierto en el Parlamento; y las Islas Baleares presentan un modelo consolidado, pero con riesgo de mercantilización.
Retos estructurales
El estudio identifica ocho retos comunes que limitan el potencial del concierto social:
Falta de definición del modelo: Administraciones y entidades a menudo confunden el concierto con subvenciones o contratos, hecho que dificulta un uso coherente y homogéneo.
Inseguridad jurídica: La disparidad normativa, la interpretación ambigua de la LCSP y la jurisprudencia reciente generan un escenario de incertidumbre que frena su despliegue.
Desconexión entre acreditación y provisión: La acreditación no garantiza el acceso a la prestación del servicio, a menudo condicionada por dinámicas competitivas.
Infrafinanciación: Los módulos económicos no se actualizan desde hace años y no cubren los costes reales de las entidades.
Evaluación insuficiente: Predominan los controles administrativos, pero no la evaluación de impacto y calidad del servicio.
Fragmentación territorial: Las diferencias entre CCAA, e incluso entre administraciones dentro de un mismo territorio, dificultan la coherencia del modelo.
Sobrecarga administrativa: Exceso de trámites y burocracia que impacta en la gestión diaria.
Tensiones con operadores mercantiles: El debate sobre el papel de las empresas privadas genera incertidumbres sobre la orientación pública y social del modelo.
Orientaciones estratégicas
Para abordar estos retos, la Fundación propone seis líneas estratégicas:
Clarificación normativa: Definir los elementos esenciales del concierto social, establecer un lenguaje común y diferenciarlo claramente de subvenciones y contratos. Reforzar la idea de que el concierto prioriza el TSAS, evita la competencia por el precio y genera estabilidad.
Seguridad jurídica: Armonizar normativa y prácticas administrativas, revisar los "puntos calientes" (beneficio industrial, criterios de acceso, duración del concierto, acreditación) y elaborar criterios interpretativos compartidos que pongan en el centro el interés general.
Financiación adecuada: Actualizar los módulos económicos según costes reales, establecer revisiones periódicas y garantizar condiciones laborales y de estructura suficientes para asegurar la calidad del servicio.
Evaluación y mejora continua: Incorporar indicadores cualitativos, integrar la voz de las personas usuarias y orientar la evaluación hacia el impacto y la mejora del servicio.
Gobernanza y planificación: Impulsar liderazgo institucional, coordinar niveles administrativos, establecer planificaciones plurianuales y crear espacios estables de interlocución.
Colaboración público-social: Reforzar los canales permanentes de diálogo, incorporar el conocimiento del TSAS en la toma de decisiones y avanzar hacia modelos de coproducción.
En la presentación, Gorina ha remarcado que la mejora y la consolidación del concierto social dependen del papel que jueguen las administraciones, tanto implementando los modelos donde ya existen como desarrollándolos donde son inexistentes.
Mesa redonda
La presentación ha cerrado con una mesa redonda con Begoña Besada (Hirekin – Sareen Sarea) y Vicente Marván (doctor en Economía), que han profundizado en los retos y oportunidades del concierto social.
Identidad del concierto social
¿Qué elementos consideras imprescindibles para definir con claridad la identidad del concierto social y evitar que se confunda con otros instrumentos como la contratación o las subvenciones?
Besada ha defendido que el concierto es la fórmula más adecuada para los servicios de atención continuada, porque ofrece estabilidad plurianual, flexibilidad y mejor calidad que contratos o subvenciones. Ha subrayado la necesidad de reservarlo a entidades sociales y garantizar la revisión de precios según costes reales.
Marván ha coincidido en el potencial del modelo, pero ha alertado de que todavía falta una identidad clara y homogénea. Ha propuesto definir procedimientos, criterios de acreditación y tipología de servicios objeto de concierto, siempre con una financiación basada en los costes reales.
Seguridad jurídica
Desde vuestra experiencia, ¿qué pasos se deberían dar para ofrecer un marco más claro y estable que permita desarrollar el concierto con confianza?
Ambos expertos han coincidido en que la inseguridad jurídica es uno de los principales frenos. Marván ha señalado la fragmentación normativa, la falta de criterios estables y la necesidad de guías técnicas y mediación administrativa. Besada ha reclamado que el concierto esté reservado a entidades sin ánimo de lucro y que se blinde con una ley estatal para evitar impugnaciones como las de Euskadi o el País Valenciano.
Ajustes estructurales
¿Qué ajustes estructurales serían prioritarios para mejorar la calidad del modelo?
Besada ha defendido aplicar el concierto con lógicas propias y no como una contratación encubierta. Ha insistido en estudios de costes rigurosos y en evitar criterios de acreditación que limiten el acceso del TSAS. Marván ha resumido los ajustes en cuatro ejes: marco normativo claro, financiación plurianual, estándares de calidad y un sistema estable de evaluación.
La Fundación Ferrer i Guàrdia destaca que la consolidación del concierto social requiere una acción coordinada entre administraciones y Tercer Sector, con voluntad política, estabilidad de recursos y criterios de calidad compartidos. La entidad reivindica la necesidad de dar continuidad a la investigación para avanzar hacia un modelo más sólido y homogéneo en todo el Estado.
El estudio completo se publicará próximamente en la web de la Fundación Ferrer i Guàrdia, donde estará disponible para todas las entidades y administraciones interesadas.