Por una sociedad laica: Memoria y futuro
11/12/2025
La jornada "Por una sociedad laica: Memoria y futuro" ha reunido a representantes de Europa Laica, la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo (ACPEPF), Derecho a Morir Dignamente, la Plataforma catalana para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia, el Ateneo Memoria Popular, Ateos de Cataluña y la Fundación Ferrer i Guàrdia en la Biblioteca de la Fundación para analizar la situación actual de la laicidad, sus retos y su futuro.
Esta jornada se enmarca en el marco del 9 de diciembre, Día Internacional de la Laicidad y la Libertad de Conciencia. Durante la mañana, la Fundación Ferrer i Guàrdia, junto con otras entidades sociales, ha participado en una sesión de trabajo en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlamento de Cataluña.
Análisis de la situación actual de la laicidad
José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, ha defendido que, aunque la Constitución de 1978 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, la realidad demuestra una clara desviación de este principio. El artículo 16 de la Constitución, que insta a "tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española" y a colaborar con la Iglesia católica, es interpretado de manera que perpetúa un estado de facto confesional. Este marco se reforzó con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y los acuerdos posteriores con otras confesiones en 1992, aunque con un alcance mucho menor.
Privilegios económicos y sociales de la Iglesia católica
La simbiosis entre las instituciones públicas y la Iglesia católica es evidente en la presencia habitual de autoridades en actos religiosos, el uso de espacios públicos con simbología religiosa, el papel de la Iglesia en servicios sociales y el aumento de fiestas y tradiciones religiosas subvencionadas con financiación pública, entre otras cuestiones.
La Iglesia católica goza de privilegios económicos sustanciales que refuerzan su poder e influencia. El Estado aporta más de 12.000 millones de euros anuales de financiación pública a la Iglesia a través de asignaciones directas (el 0,7% del IRPF) y exenciones fiscales.
En el ámbito educativo, un número creciente de centros educativos concertados pertenecen a órdenes religiosos. Aunque el número de alumnado inscrito en la clase de religión disminuye (580.000 menos el año pasado), el número de profesorado de religión aumentó en 5.000. Hospitales, casas de acogida y otros servicios sociales gestionados por la Iglesia reciben fondos estatales, convirtiéndose en un modelo de negocio.
Desde la perspectiva patrimonialista, la Iglesia católica ha inmatriculado más de 100.000 bienes inmuebles, apropiándose de aproximadamente el 80% del patrimonio histórico del país gracias a una ley que lo permitía.
La amenaza del "cristoneofascismo"
Naz también ha alertado sobre el ascenso de un fenómeno definido por el teólogo Juan José Tamayo como “cristoneofascismo”: la alianza entre organizaciones políticas de extrema derecha, el ultraliberalismo y movimientos cristianos integristas.
En España, partidos como Vox y sectores del PP, junto con grupos ultracatólicos (Opus Dei, Legionarios de Cristo, Hazte Oír y El Yunque) y fundaciones como Neos, impulsan una agenda ultraconservadora. Atacan leyes de derechos individuales (como el aborto), organizan actos de plegaria ante clínicas y promueven grandes acontecimientos religiosos en el espacio público.
Todo esto ocurre en una sociedad cada vez más secularizada, donde el 40 % de la población se declara no-creyente y menos del 20 % es practicante. Estos actores, sin embargo, construyen el relato de que los católicos son perseguidos por una “laicidad agresiva”.
Memoria democrática y laicidad
Carles Vallejo e Isabel Alonso, de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo (ACPEPF), han defendido que la memoria democrática no se puede entender sin el principio de laicidad.
Consideran que el franquismo fue un régimen nacionalcatólico, ya que el golpe de estado de 1936 se dirigió contra una República laica y democrática, y la Iglesia católica participó activamente tanto en el golpe como en la represión posterior, integrando su ideología en el núcleo de la dictadura.
En las cárceles franquistas se vulneró gravemente la libertad de conciencia. La asistencia a misa era obligatoria y se impusieron prácticas como los bautismos forzados, como el caso de Matilde Landa. Presas políticas, como María Salvo, resistieron esta imposición y defendieron el derecho a no participar en rituales religiosos. Además, diferentes órdenes religiosos gestionaron directamente centros penitenciarios.
También destacan figuras clave de la tradición laica, como Ferrer y Guàrdia y el científico Odón de Buen quien fue suspendido de su cátedra para enseñar la teoría de la evolución de Darwin debido a las presiones del cardenal Salvador Casañas i Pagès. Señalan la contradicción de que este cardenal disponga de una calle dedicada a Barcelona, mientras que figuras como Odón de Buen no reciben un reconocimiento público equivalente.
Pasado y presente de la laicidad
La intervención de Joan-Francesc Pont Clemente, presidente de la Fundación Ferrer i Guàrdia, se ha centrado en la necesidad de separar claramente presente y pasado en el debate sobre la laicidad. Ha insistido en que la memoria histórica, especialmente la vinculada al franquismo y al nacionalcatolicismo, es imprescindible para que las nuevas generaciones entiendan de dónde provienen muchas de las tensiones actuales.
Pont ha introducido la metáfora del “vaso medio vacío y el vaso medio lleno” para ordenar el diagnóstico. El “vaso medio vacío” recoge los problemas estructurales que aún persisten en el Estado español, como la presencia de cargos públicos en actos religiosos, la financiación pública a través del 0,7 % del IRPF, la concertación de centros educativos gestionados por órdenes religiosos y la derivación de servicios sociales hacia entidades eclesiásticas.
En contraposición, ha puesto el acento en el “gordo medio lleno”, entendiendo la laicidad no como un conflicto permanente, sino como un principio positivo, alegre y emancipador. Según Pont, la lucha actual no es contra la religión en sí misma, sino contra cualquier intento de otorgarle un estatus privilegiado dentro del Estado, y ha remarcado que el proceso de secularización avanza de manera sostenida. El presidente de la Fundación Ferrer i Guàrdia ha resaltado la retirada de subvenciones públicas en los colegios del Opus Dei en Cataluña que segregan por sexos, remarcando que ha sido un proceso largo y costoso, pero que demuestra que la incidencia política y social puede dar frutos.
Finalmente, ha situado la educación en el centro de toda estrategia laica y ha reivindicado la herencia de Francesc Ferrer i Guàrdia y la idea de que solo a través de una educación crítica, racional y emancipadora se puede consolidar un espacio real de libertad de conciencia. Pont Clemente ha destacado finalmente que la Constitución española subraya dos veces que el derecho debe promover el libre desarrollo de la personalidad, incluyendo la libertad de conciencia y la igualdad política.
Propuestas estratégicas y líneas de acción futuras
Durante la jornada, se han definido varias líneas de acción clave para fortalecer la laicidad. Se ha puesto el acento en la batalla cultural y pedagógica, con el objetivo de clarificar el concepto de laicidad y mostrar que no es sinónimo de ateísmo, sino de igualdad y bien común. Los participantes han remarcado la importancia de diferenciar espiritualidad y religiosidad, y han advertido de que la respuesta a la islamofobia no debe pasar por conceder privilegios similares a los de la Iglesia católica, ya que ello reproduciría un modelo de privilegios injusto. La pedagogía laicista se ha planteado como una herramienta para combatir confusiones y formar a la ciudadanía en una cultura de libertad de conciencia e igualdad.
También se ha definido como prioritaria la estrategia de fortalecer el trabajo en red y la incidencia política. Se ha acordado crear y consolidar alianzas entre colectivos, asociaciones y fundaciones que comparten el objetivo de una democracia de calidad. En cuanto a la incidencia política, se ha previsto presionar a los partidos para que cumplan sus compromisos en materia de laicidad y garantizar que las políticas públicas respeten el principio de un estado aconfesional. Además, se ha subrayado la importancia de la dimensión internacional, con la voluntad de fomentar colaboraciones e intercambios con organizaciones de otros países.
Finalmente, se han definido objetivos prioritarios concretos. Entre ellos, se ha destacado la consolidación de la escuela pública laica como base del progreso social, inspirada en el modelo de la Segunda República, y concebida como un espacio de educación crítica y emancipadora. También se ha marcado como objetivo la reversión de las inmatriculaciones, promoviendo la elaboración de una ley que obligue a la Iglesia a demostrar la propiedad de los bienes como cualquier ciudadano. Estas líneas estratégicas definidas durante la jornada establecen una hoja de ruta clara para avanzar en la defensa y promoción de la laicidad.
Conclusiones y compromiso formalizado
La jornada ha concluido con la reafirmación de que España no está condenada a ser un estado clerical y que una sociedad secularizada merece unas instituciones laicas. Las tres entidades organizadoras –Europa Laica, la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo (ACPEPF) y la Fundación Ferrer i Guàrdia– han firmado públicamente convenios de colaboración para continuar trabajando conjuntamente en la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
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