La transformación digital constituye uno de los procesos estructurales más relevantes de las sociedades contemporáneas. La progresiva incorporación de tecnologías digitales en ámbitos como la administración pública, la sanidad, la banca, el comercio o la comunicación ha modificado de manera profunda las formas de participación social y de ejercicio de la ciudadanía. En este contexto, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y la comunicación se ha convertido en un requisito imprescindible para el desarrollo personal y social. 

Sin embargo, este proceso no se produce de manera homogénea. Numerosos estudios han evidenciado la persistencia de desigualdades digitales, especialmente entre determinados grupos sociales. Entre ellos, las personas de edades avanzadas constituyen uno de los colectivos más expuestos a situaciones de exclusión digital, como muestra la Fundació Ferrer i Guàrdia (2025a, 2025b) en una reciente encuesta a la población de 60 y más años en España.  

Revisión del concepto “brecha digital” 

El concepto de brecha digital ha evolucionado desde sus formulaciones iniciales, centradas en el acceso a infraestructuras, hacia enfoques más complejos, que incorporan dimensiones relacionadas con el uso, la calidad de la conexión y el aprovechamiento de los recursos digitales. Actualmente, se reconoce la existencia de tres niveles: acceso, uso y utilidad. 

Al profundizar en los diferentes estudios, estrechamente vinculados a estos tres niveles de brecha, y en las iniciativas europeas de medición y de lucha contra la brecha digital, hay una tendencia en abordar este fenómeno desde un enfoque centrado en la persona, es decir, enfatizando la necesidad de formación y adquisición de competencias digitales. Si bien estas estrategias de alfabetización digital resultan necesarias, a la luz de los datos, posiblemente tampoco sean suficientes. Su alcance es limitado ante el impacto (y la evolución) de la digitalización a medio plazo.  

De la alfabetización a la tecnología 

El marco europeo de competencias digitales DigComp ha contribuido a sistematizar los principales dominios competenciales, estableciendo inicialmente cinco grandes áreas: información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas (Vuorikari et al., 2022). Recientemente, este modelo ha sido revisado para poder incorporar las nuevas demandas de la Inteligencia Artificial (Cosgrove, & Cachia, 2025). Se trata de la quinta edición del modelo de medición de competencias digitales; circunstancia que, por sí misma, ilustra la necesidad de una actualización constante ante el devenir tecnológico.  

DigComp 3.0 es un modelo útil, pero tampoco agota la comprensión del fenómeno. Las dificultades no derivan exclusivamente de la falta de preparación de las personas o de sus perfiles sociodemográficos, socioeconómicos, psicográficos y de sus contextos sociales. Las dificultades se encuentran también en los entornos digitales poco intuitivos, sobrecargados y escasamente adaptados. Aquí, Martínez-Sala et al. (2025) proponen utilizar el concepto “brecha tecnológica” para subrayar el papel de las plataformas en la producción de desigualdades. Se trata de una brecha transversal, que afecta tanto al nivel de uso como al de aprovechamiento de toda la población, con independencia de su edad, pero que incide en mayor medida en aquellos grupos que tienen un nivel de competencias menor en el dominio de la gestión o los trámites online. 

Este desplazamiento conceptual puede resultar especialmente relevante en el análisis de la experiencia de las personas de edad avanzada, cuyo contacto con la tecnología suele estar mediado por trayectorias vitales previas, expectativas culturales y condiciones socioeconómicas específicas. 

Personas adultas mayores y niveles de brecha 

Los datos disponibles muestran un incremento progresivo del acceso a dispositivos e internet entre la población española, también a partir de los 64 años. Según los últimos datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (INE, 2025), el 85% de la población entre 65 y 74 años es usuaria de internet, lo que supone un incremento del 16% en un lustro. En cambio, solo el 45% de la población de 75 y más años ha usado internet en los últimos tres meses. Esta cifra, aunque ha mejorado considerablemente (ONTSI, 2025), se sigue situando muy por debajo de las registradas para la población general. 

En cuanto al acceso, el estudio de la Fundació Ferrer i Guàrdia (2025b) revela que, aunque el smartphone es el dispositivo más extendido, una proporción significativa de personas mayores posee infraestructuras y dispositivos mejorables.  

En términos de competencias, los resultados apuntan a un predominio de niveles básicos. Según el índice IDAUA, elaborado por la misma Fundació (2025a), el 73% de las personas de 60 y más años se situaría en este nivel. Esta cifra prácticamente se corresponde con el 70% de las personas de estos grupos etarios que se autoperciben con pocas competencias digitales. También se detecta una baja autoconfianza digital, que podría estar reforzando dinámicas de evitación y dependencia. Es más, el grupo con “baja inclusión digital”, según el mismo estudio, muestra peores posiciones cuando valoran la usabilidad de las webs y aplicaciones que utilizan. De hecho, un 42% de las personas encuestadas afirman no haberles resultado fácil incorporar los cambios tecnológicos en sus vidas (ver tabla).  

El nivel educativo y la edad explican, en gran medida, esta relación con las nuevas tecnologías. Ante la falta de competencias, también se subraya el papel de los contextos familiares como principales espacios de apoyo, pues un 77% de las personas de 60 y más años pide ayuda a la familia (ver tabla). Aquí se aprecia que el cuidado digital se confía al entorno familiar, incrementando de esta forma las cargas informales. 

En el marco de la Cátedra de brecha digital generacional de la Universidad de Alicante, se preguntó a 1800 personas de 55 y más años de la Comunidad Valenciana por las principales razones para necesitar ayuda en trámites online. Destacaron dos motivos: percibir falta de competencias para poder llevarlos a cabo y considerar complejas las plataformas (Papí-Gálvez, & La Parra-Casado, 2023); pero para el caso concreto de la administración digital prevalece esta segunda razón, “la dificultad de los trámites”, para toda la población de 16 y más años que reside en España (Fundació Ferrer i Guàrdia, 2023).  

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La experiencia de usuario 

Los estudios que adoptan métodos cualitativos proporcionan claves para comprender la relación entre las personas de edad avanzada y las tecnologías. Los entornos digitales son espacios hostiles. Expresiones como “Parece que esto no está hecho para nosotros” (Fundació Ferrer i Guàrdia, 2025a, p. 13) reflejan una vivencia de exclusión que no se limita a la falta de habilidades, sino que se relaciona con el diseño mismo de las plataformas. Otros testimonios clave de la investigación de la Fundació se unen a otras evidencias para reforzar la idea de analizar las plataformas digitales: “La tecnología es un beneficio para la sociedad, pero las plataformas y páginas web no son intuitivas para nada. Cualquier trámite que queremos hacer nos tenemos que bajar una aplicación. Cada aplicación es diferente. Para nosotros es farragoso” o “No son accesibles para nosotros, necesitamos a alguien a nuestro lado diciéndonos y ayudándonos.” (Fundació Ferrer i Guàrdia, 2025a, p. 16).  Estas percepciones pueden tener efectos directos en la predisposición de las personas usuarias a experimentar con nuevas herramientas. También pueden crear mayor dependencia digital y afectar al desarrollo de sus propias competencias. 

En esta línea, el análisis de plataformas digitales realizado bajo el marco de la Cátedra de brecha digital generacional de la Universidad de Alicante (Martínez-Sala et al., 2025) identifica una serie de limitaciones recurrentes, tales como: buscadores ineficientes, saturación informativa, exceso de ventanas emergentes, falta de diseño adaptativo y estructuras de navegación poco coherentes. Estas características dificultan la comprensión de los contenidos y aumentan la carga cognitiva, especialmente en personas con menor experiencia digital. La ausencia de apoyos contextuales y de instrucciones claras refuerza estas barreras. 

La brecha tecnológica que afecta a los derechos 

La digitalización de los servicios públicos se ha consolidado como eje central de la innovación de los procesos de la administración. Sin embargo, su implantación ha avanzado sin una evaluación sistemática y específica de sus efectos sobre los colectivos con menor nivel de competencias. Esta circunstancia debilita el ejercicio autónomo de derechos y aumenta el riesgo de exclusión. La imposibilidad de realizar gestiones básicas puede traducirse en retrasos, errores y pérdida de prestaciones. 

Desde esta perspectiva, la exclusión digital se convierte en una forma de exclusión social, con implicaciones jurídicas, económicas y simbólicas. 

Propuestas para una inclusión digital estructural 

Alfabetización digital 

Las políticas públicas han priorizado la alfabetización digital como principal estrategia de inclusión. Programas formativos, talleres o cursos están contribuyendo a mejorar las competencias básicas de ciertos sectores de la población. No obstante, los datos también muestran que la formación, por sí sola, no garantiza la autonomía digital en un marco de digitalización e innovación tecnológica constante. La persistencia de diseños poco intuitivos y accesibles limita el aprovechamiento real de los aprendizajes adquiridos. 

En este sentido, resulta necesario complementar las políticas educativas con intervenciones estructurales sobre los entornos tecnológicos. 

Webs y Apps centradas en la facilidad de uso, para toda la población 

Se insiste en la necesidad de promover modelos basados en principios de diversidad orientados hacia la accesibilidad digital, para comprender también el impacto social en poblaciones con niveles básicos en competencias digitales (fundamentalmente en el dominio de la gestión y trámites online). La normativa vigente (Real Decreto 1112/2018) obliga a que los contenidos digitales del sector público (webs, documentos, procedimientos) sean accesibles, entendiendo por accesibilidad: “(…) el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores” (artículo 1.2.).  

La propuesta es ampliar el foco hacia poblaciones con niveles básicos de competencias, para que puedan ser entendidos y utilizados por cualquier persona, tenga o no conocimientos técnicos o habilidades digitales avanzadas. Tales principios benefician no solo a los colectivos destacados en la normativa, sino también al conjunto de la ciudadanía. 

Nueva categoría de observación en alfabetización digital 

Se precisan mediciones sistemáticas de la realidad para conocer la aportación de la dimensión tecnológica a las desigualdades digitales. Se propone profundizar en un modelo de adecuación socio-digital que tenga en cuenta el efecto de las plataformas en el marco de las brechas digitales.  

 Evaluación de las webs y aplicaciones con personas reales 

Una de las aplicaciones de la observación de la tecnología en el marco de las brechas digitales consistiría en evaluar las páginas desde la óptica de la experiencia de usuario, con perfiles básicos en competencias digitales. Actualmente el Real Decreto 1112/2018 no contiene un mandato específico de pruebas de usuario con personas reales. Según estudios previos, estos tests, en cambio, permitirían detectar barreras tempranas y corregirlas antes de la implementación masiva de los servicios online. 

Conclusiones 

La brecha digital generacional no puede entenderse exclusivamente como un déficit individual. Las evidencias muestran que los diseños tecnológicos desempeñan un papel central en la producción y reproducción de las desigualdades. 

La alfabetización digital resulta necesaria, pero es insuficiente si no se acompaña de entornos que faciliten su uso efectivo. Para ello, debe considerarse la diversidad y heterogeneidad de los grupos poblacionales. La digitalización de los trámites administrativos, en particular, podría acompañarse de acciones que garantizaran el ejercicio de los derechos; identificando y eliminado todas las barreras de acceso, uso y aprovechamiento de los servicios públicos.   

Avanzar hacia una inclusión digital real implica asumir que la tecnología es una oportunidad y un derecho de toda la población, es decir, no de un determinado grupo o, incluso, de una amplia mayoría. Desde este enfoque será posible convertirla en una herramienta de cohesión social. 

El Decálogo de la Fundació Ferrer i Guàrdia (2025a) incorpora la necesidad de “Diseñar entornos digitales accesibles, usables y pensados para la diversidad”, sumándose a otras propuestas que también redundan en esta misma idea. Como consecuencia, se recomienda seguir trabajando en esta dirección, con el propósito de que la tecnología esté al alcance de todos, sin excepción.