¿Qué son los derechos digitales?

Cuando pensamos en los derechos digitales, tendemos a reducirlos a cuestiones puramente tecnológicas: privacidad, ciberseguridad, protección de datos. Pero esta visión resulta insuficiente. Basta con observar el día a día de cualquier persona joven para comprobar el papel central que ocupan las tecnologías digitales en su cotidianidad: consumir contenido en redes sociales, informarse, relacionarse con amigos y amigas a través de aplicaciones de mensajería, construir su identidad, jugar, consumir cultura. Un larguísimo etcétera en el que la tecnología está implicada de formas muy diversas.

El entorno digital no es un espacio aparte. No existe una frontera que separe lo que sucede en el entorno analógico de lo digital: ambas dimensiones se impactan y se retroalimentan mutuamente. Si nuestra vida y nuestra cotidianidad suceden también en el entorno digital, nuestros derechos deben difundirse, promoverse y garantizarse también en ese entorno. Sin embargo, la posibilidad de ejercerlos está mediada por las características del entorno en el que habitamos, y por las medidas existentes para garantizarlos.

Tanto la Observación General número 25 del Comité de los Derechos del Niño como la propia Carta de Derechos Digitales parten de la premisa de que los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud deben garantizarse también en el entorno digital. Pero sería un error imaginar internet como un espacio igual para todo el mundo.

Un entorno que reproduce las desigualdades estructurales

La investigación social sobre el entorno digital lleva tiempo demostrando que internet ha dejado de ser un espacio neutral, un espacio en el que se participa en igualdad de condiciones. Las desigualdades que marcan nuestra sociedad se reproducen, se amplifican y se transforman en el entorno digital. Es decir, las desigualdades sociodigitales son desigualdades estructurales que no siempre surgen de forma específica en lo digital, sino que encuentran en él otro espacio en el que expresarse: nuevas formas de manifestarse, nuevas herramientas para expandirse y, a menudo, una mayor capacidad de impacto.

Por eso, entender el estado de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el entorno digital exige ir más allá de la vertiente tecnológica. Es imprescindible comprender cómo las desigualdades sociales atraviesan la tecnología, y cómo las desigualdades digitales atraviesan la cotidianidad de las personas jóvenes.

No existe, de hecho, una única experiencia digital. La forma en que se vive el entorno digital depende de quiénes somos y de las desigualdades que atraviesan nuestras vidas: el género, la edad, el origen, la clase social, el territorio, las situaciones de diversidad funcional, la orientación e identidad sexual, entre otras muchas variables. De la misma manera que no hablamos de los y las jóvenes como un colectivo homogéneo, tampoco podemos hablar de experiencias digitales homogéneas entre ellos y ellas.

Las investigaciones desarrolladas muestran que no todas las personas jóvenes utilizan la tecnología de la misma manera, ni encuentran las mismas oportunidades, ni están expuestas a los mismos riesgos y, sobre todo, no todas pueden ejercer sus derechos digitales en igualdad de condiciones. De ahí la necesidad de incorporar una perspectiva de género interseccional: la edad y el género importan, pero no explican por sí solos toda la experiencia digital. El origen, el nivel socioeconómico, los estudios, el territorio, las situaciones de diversidad y la orientación sexual también condicionan cómo se ocupan y cómo se evitan los espacios digitales.

Escuchar a quienes viven la experiencia digital

Garantizar los derechos en el entorno digital requiere un conocimiento profundo sobre las dinámicas de inclusión y exclusión de estos entornos, y de evidencia que permita sostener medidas realmente eficaces y transformadoras. No basta con preguntarse qué hacen las personas jóvenes en internet: hay que preguntarse qué posibilidades tienen de evitar ese espacio y en qué condiciones ejercen sus derechos.

Ante la complejidad del entorno digital, la investigación aplicada en la que se basa este análisis parte de un modelo metodológico centrado en escuchar: escuchar a quienes investigan estas cuestiones desde diferentes coordenadas, mediante el análisis documental de la literatura científica; escuchar a personas expertas y profesionales que trabajan sobre estas realidades en su día a día; y, sobre todo, escuchar a los y las adolescentes y jóvenes.

Con excesiva frecuencia se habla de los y las jóvenes sin contar con ellos y ellas: se diseñan políticas, se elaboran recomendaciones, se regula e incluso se prohíbe sin preguntar a quienes viven estas experiencias en su día a día. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a ser escuchados y a tener voz en todas las cuestiones que les afectan directamente, y el entorno digital forma parte de ellas.

Esta investigación combina, por tanto, conocimiento académico, experiencia profesional y, especialmente, la participación directa de adolescentes y jóvenes de perfiles, contextos y realidades lo más diversas posible. El objetivo no es únicamente describir la realidad, sino lograr una comprensión profunda del entorno digital y de la forma en que ellos y ellas lo viven: cómo se ejercen los derechos, cuáles son las potenciales vulneraciones y qué propuestas plantean. Esta participación no es accesoria: se basa en la convicción de que las mejores políticas públicas no son las que se diseñan para los y las jóvenes, sino las que se diseñan con ellos y ellas.

Los resultados que se presentan a continuación proceden de dos líneas de investigación complementarias centradas en los derechos digitales y en la necesidad de aplicar una perspectiva de género interseccional, con especial atención a ámbitos como la participación, la educación, la identidad, la privacidad, el ocio, la cultura, el juego y las violencias digitales.

El entorno digital no crea las desigualdades: las amplifica

Uno de los principales resultados de estas investigaciones es que el entorno digital reproduce, amplifica y transforma las desigualdades de género. No se trata tanto de que el entorno digital o la tecnología generen estas desigualdades, sino de que proveen nuevas formas de manifestación: las hacen más visibles, las agilizan y las hacen más persistentes.

Es tentador pensar que los procesos de digitalización han comportado el surgimiento de nuevos problemas. Pero esa narrativa obvia el hecho de que se trata de desigualdades estructurales que encuentran en el entorno digital nuevas formas de manifestarse. Ni los discursos machistas y misóginos surgen en TikTok, ni las prácticas de control se inician con WhatsApp, ni la presión estética se origina en Instagram. Lo que sí sucede es que estos espacios amplifican estas prácticas, generan condiciones que facilitan su reproducción y transforman no solo la forma en que se desarrollan, sino también los impactos que producen.

Al igual que ocurre en el entorno offline, la reproducción de las desigualdades de género no es casual ni inevitable, sino resultado de la forma en que se diseñan y se organizan los espacios digitales. Por ello conviene prestar especial atención a los elementos que no solo contribuyen a reproducir estas desigualdades, sino que las amplifican, las hacen más profundas y dan a sus impactos un mayor calado.

Son precisamente estos elementos los que configuran la experiencia digital de las jóvenes, haciendo que las desigualdades y las violencias tengan impactos que van mucho más allá de lo individual: la violencia no solo afecta a quien la recibe, sino que también condiciona quién participa, quién habla y quién puede ocupar ciertos espacios. El impacto, en definitiva, es colectivo.

Participación y redes sociales: oportunidades limitadas por la discriminación

Las redes sociales y los entornos digitales ofrecen oportunidades reales de participación y expresión para los y las jóvenes. Pero este potencial se ve limitado por dinámicas discriminatorias que expulsan a ciertos colectivos, especialmente a chicas y mujeres jóvenes. Por un lado, existen discursos de odio y violencias que se reproducen y se amplifican en línea, condicionando quién participa y cómo lo hace —un fenómeno especialmente visible en el ámbito de los videojuegos, pero también en las redes sociales—. Por otro, el contenido recomendado por los algoritmos refuerza un consumo diferencial: en los chicos predominaría, en términos generales, un consumo vinculado a la llamada cultura bro, mientras que en las chicas conviven contenidos de la agenda feminista con una fuerte presión estética y aspiracional.

En cuanto a las barreras concretas, destacan cuatro fenómenos. En primer lugar, la presión estética, que lleva a la autocensura y al sobrepensamiento —overthinking—: antes de publicar se anticipan los posibles impactos o consecuencias, lo que acaba limitando la libertad de expresión. En segundo lugar, la segregación de roles técnicos en la creación digital, donde los chicos tienden a ocupar más las posiciones de programación y las chicas las vinculadas al diseño, reproduciendo la brecha en el desarrollo de habilidades clave. En tercer lugar, un diseño de plataformas androcéntrico, con medidas de seguridad reactivas en lugar de preventivas. Y, por último, un sesgo algorítmico que invisibiliza el contenido feminista mientras premia el contenido polarizante y sexualizado, que genera mayor engagement, condicionando así qué voces y discursos se amplifican.

Aun así, el entorno digital también abre oportunidades innegables: la creación de redes de apoyo y solidaridad para compartir experiencias y hacer denuncias colectivas, y la visibilización de referentes y de vidas diversas —mujeres neurodivergentes, creadoras de contenido y de conocimiento que tienden a no tener ese espacio en los medios tradicionales—. El entorno digital tiene, en definitiva, un potencial transformador, pero es necesario abordar las violencias y los condicionantes estructurales que limitan, sobre todo, a las chicas.

La brecha STEM: más allá de la falta de referentes

Uno de los grandes retos de la educación digital con perspectiva de género es la brecha de género en las vocaciones y profesiones STEM. Pese a que se prevé un aumento de la demanda de estos perfiles técnicos, las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en estos sectores. A menudo se señala la falta de referentes femeninos como causa principal, pero esta es solo una de las variables: incluso cuando existen referentes, suelen ser perfiles poco diversos, habitualmente mujeres blancas de clase media.

Existen factores estructurales mucho más profundos: los sesgos de género en los contenidos educativos y los estereotipos sociales que asocian los ámbitos técnicos con cualidades tradicionalmente masculinas. Un elemento clave es la brecha de confianza: las chicas tienen una percepción más baja de sus competencias digitales, incluso cuando su rendimiento académico es igual o superior al de los chicos. Esto no es casual, sino fruto de una socialización que asocia la tecnología al dominio masculino desde la primera infancia, reforzada por el hecho de que solo el 7,5% de los científicos que aparecen en los libros de texto de secundaria son mujeres.

Este fenómeno alimenta el conocido como leaky pipeline: una tubería que gotea continuamente, en la que las mujeres van abandonando sus trayectorias STEM a medida que avanzan en su carrera, incluso quienes llegan a incorporarse a este ámbito. A ello se suma una cultura institucional poco inclusiva y las desigualdades socioeconómicas que dificultan aún más el acceso a estas vocaciones. Las iniciativas existentes para fomentarlas suelen ser puntuales y no están integradas en una estrategia global de transformación del sistema educativo, laboral y social.

Resulta significativo que los y las jóvenes participantes en estas investigaciones muestren una postura crítica con el currículo actual de estas asignaturas y expresen curiosidad por contenidos más complejos y aplicados: un punto de partida valioso para repensar cómo se enseñan estas materias. Los datos de España lo ilustran con claridad: las mujeres representan el 51% de la población, pero solo el 17,8% de la población ocupada en formación STEM y el 13,5% de las personas graduadas en informática. Tan solo un 0,7% de las adolescentes muestra interés en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales.

Identidad y privacidad: cuerpo, imagen y exposición

En la construcción de la identidad digital también se observan desigualdades en las formas de representación. Las mujeres siguen marcadas por estereotipos y expectativas sociales que condicionan su comportamiento en línea, desigualdades que se agravan cuando el género se cruza con otros factores como la orientación sexual, el origen o la discapacidad. Las mujeres gitanas, por ejemplo, sufren una representación ínfima y muy marcada por la burla.

Cabe destacar también el auge, sobre todo entre chicos adolescentes, de discursos conservadores y de odio —la llamada manosfera—, a menudo asociados a ideas de ultraderecha y con un efecto directo en la reproducción de las desigualdades de género. Aunque las jóvenes reconocen la importancia de verificar la información, existe un consumo informativo sesgado que condiciona también el posicionamiento sociopolítico en una etapa tan delicada como la adolescencia.

La identidad digital se construye en un contexto marcado por la centralidad de la imagen. Las chicas experimentan una presión estética y social muy grande, que condiciona su autorrepresentación y refuerza inseguridades vinculadas al cuerpo y la apariencia, agravada por la escasez de narrativas sobre cuerpos no normativos y por el retorno persistente de contenidos que reproducen modelos de feminidad tradicionales.

En cuanto a la privacidad, se observa un proceso de exposición progresiva: cuanta más participación o visibilidad hay en las plataformas, más comprometida queda la privacidad. Las chicas expresan preocupación por la pérdida de control sobre los contenidos compartidos —difusión fuera de contexto, suplantación de identidad—, hechos que refuerzan una percepción de vulnerabilidad en el uso cotidiano de las redes. El anonimato, por su parte, aparece como un elemento ambivalente: puede facilitar la expresión de personas con dificultades para relacionarse offline, pero también puede favorecer el efecto desinhibidor, que a menudo ampara comportamientos ofensivos, violentos o extremistas.

Videojuegos: un entorno androcéntrico y hostil

El ámbito de los videojuegos no es neutro: se configura como un entorno con claras brechas de acceso y representación que condicionan la participación de las chicas. La identificación y el acceso son desiguales en función del género. La identidad gamer se construye como una identidad masculina, lo que provoca que muchas chicas no se reconozcan en ella; al preguntarles si se consideraban gamers, la primera respuesta solía ser negativa, hasta que, al indagar, resultaba que sí lo eran, aunque no se veían representadas en esa idea de cultura gamer.

También existen barreras materiales y de tiempo. Mientras los chicos de clase trabajadora suelen tener una consola propia y disponen de un tiempo de ocio legitimado, las chicas dependen a menudo de dispositivos de terceros —normalmente de sus hermanos— y cuentan con menos tiempo libre debido a las cargas de cuidado, algo especialmente visible entre adolescentes y jóvenes de clase trabajadora. Lo virtual es real, insisten las expertas: las emociones y relaciones que se dan dentro del juego tienen un impacto directo en la vida online, por lo que la exclusión digital no es un hecho menor.

Los videojuegos comerciales continúan reproduciendo imaginarios sexistas —cuerpos hipersexualizados, roles secundarios para las mujeres, personajes de apoyo frente a protagonismos masculinos activos— y mecánicas de juego diferenciadas que limitan a los personajes femeninos, en una naturalización de la visión androcéntrica del mundo. Esta hostilidad obliga a las jugadoras a esconderse, una dinámica que se traslada también al ámbito formativo y profesional. El entorno multijugador es mayoritariamente hostil, con dinámicas como el acoso sexual y el menosprecio específico; sigue muy presente en los chats la frase de «vete a la cocina», y las chicas acaban adoptando estrategias de invisibilidad —nicks neutros, avatares masculinos, evitar el chat de voz— que generan un círculo vicioso: al esconderse, se perpetúa la falsa creencia de que las mujeres no juegan o no son videojugadoras.

Estas barreras se replican en la formación y en la industria. Las estudiantes se enfrentan a aulas masculinizadas y a una cultura bro profundamente hostil y, aunque las mujeres juegan casi tanto como los hombres, su presencia en la industria es minoritaria y segregada: desplazadas a roles de diseño o arte, mientras los roles técnicos y de programación siguen dominados principalmente por hombres, lo que perpetúa los sesgos en la creación de nuevos videojuegos.

Violencias digitales de género: control, exclusión y silenciamiento

La participación de adolescentes y jóvenes está profundamente condicionada por la omnipresencia de las violencias de género digitales, que actúan como mecanismo de control, exclusión y silenciamiento. Esta violencia no es ninguna excepción ni un hecho aislado, pero cada vez se vive más como algo normal; precisamente esa naturalización constituye una parte muy importante del problema.

La violencia digital no es un fenómeno virtual separado de la realidad, sino la continuación y amplificación de la violencia estructural y patriarcal que ya existe offline. La tecnología aporta nuevas herramientas y contextos para ejercer ese mismo control, que se manifiesta de formas diversas: discursos de odio por razón de género, ciberacoso, stalking, suplantación de identidad, doxing, violencia basada en la imagen —difusión no consentida, deepfakes— y un largo etcétera, presente también en espacios de ocio como los videojuegos.

El impacto de esta violencia es significativo y se agrava por su normalización social: muchas víctimas acaban minimizando lo que viven, asumiéndolo como un peaje inevitable por ocupar estos espacios, lo que dificulta identificarlo como violencia y, por tanto, denunciarlo. A menudo, la carga de la prueba recae sobre la víctima y no sobre el agresor. La violencia tiene además un efecto de silenciamiento desigual: las mujeres con voz pública —periodistas, políticas, activistas— son atacadas con el objetivo de disciplinarlas y hacerlas callar, enviando un mensaje que se extiende al resto. La intersección con otros ejes, como el origen, la etnia o la condición migratoria, aumenta esta vulnerabilidad: las mujeres racializadas o migrantes sufren una doble discriminación y barreras añadidas para protegerse. El coste es alto, tanto en salud mental —estrés, ansiedad, depresión— como en términos económicos: hay estudios que cifran los costes de la ciberviolencia en miles de millones de euros.

A esto se suma el auge de la manosfera: discursos entre chicos jóvenes que niegan la violencia de género y atacan a las chicas con el objetivo de socavar la agenda feminista e imponer una visión regresiva de los roles de género, en un contexto de creciente normalización de estas violencias. Cuando una violencia se normaliza deja de identificarse como una vulneración de derechos, y cuando no se identifica como violencia, no se denuncia, no se pide ayuda ni se exige una respuesta institucional.

Ante esto, la pregunta habitual —cómo pueden protegerse mejor las chicas— debería sustituirse por otra: por qué aceptamos que haya personas que deban protegerse más que otras para poder participar y ocupar el espacio digital. La violencia digital no solo afecta a quien la recibe: también modifica el comportamiento de quien la observa. Y esto obliga a plantearse qué respuestas se están dando como sociedad.

La trampa de la individualización

Los resultados de estas investigaciones muestran una clara tendencia a individualizar las problemáticas y desigualdades del entorno digital. Cuando se habla de bienestar digital, seguridad digital o violencias digitales, el grueso de los mensajes se basa en respuestas individualizadoras: se pide a las jóvenes, a quienes las acompañan, a sus familias y a los centros educativos que hagan un uso responsable, que aprendan a protegerse, que gestionen mejor su privacidad, que desarrollen el pensamiento crítico. Todo ello es importante, pero también insuficiente: cuando todo depende del entorno cercano, la reproducción de las desigualdades está garantizada.

Al enfocarse en la esfera individual se obvia la responsabilidad de las instituciones y los poderes públicos, que deben garantizar los derechos también en el entorno digital; la responsabilidad de las grandes corporaciones que diseñan las plataformas y sus dinámicas de funcionamiento; y el potencial de las perspectivas comunitarias y arraigadas en el territorio. No se puede hablar de responsabilidad sin hablar de diseño responsable y de políticas responsables.

Un buen ejemplo es el acompañamiento digital. Se da por hecho que todos los y las jóvenes tienen una familia capaz de acompañarles en el entorno digital de la misma manera. Sin embargo, el acompañamiento es un recurso esencial pero profundamente desigual: no todas las familias disponen del mismo tiempo, de las mismas competencias digitales, de las mismas condiciones materiales o del mismo capital cultural. Cuando el ejercicio de un derecho depende exclusivamente de los recursos personales o familiares, deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio.

Hacia políticas públicas estructurales

Si el diagnóstico es estructural, la respuesta también debería serlo. Garantizar los derechos en el entorno digital requiere una transformación en la forma de entender las políticas públicas digitales: no se trata solo de proteger a las personas jóvenes, sino de garantizar las condiciones para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Esto exige varios cambios. En primer lugar, trascender el enfoque centrado exclusivamente en la protección —imprescindible, pero no suficiente— para garantizar también el derecho a participar, a expresarse, a construir la propia identidad y a desarrollarse en entornos digitales más seguros. En segundo lugar, no basta con la capacitación digital: hay que actuar sobre los propios entornos digitales, abordando las estructuras, los diseños y los patrones que provocan las potenciales vulneraciones de derechos. Esto supone plataformas más responsables, auditadas desde lo público, mecanismos de prevención, desarrollo de recursos especializados y coordinación institucional.

Además, aunque es fácil pensar el entorno digital como un espacio globalizado, no se pueden diseñar políticas públicas que no tengan en cuenta el elemento territorial. El entorno online y offline no son esferas desconectadas, y las características territoriales —ruralidad, urbanidad— condicionan las experiencias online. La investigación con jóvenes de entornos rurales muestra que las violencias digitales se viven de forma sustancialmente distinta: un menor alcance del anonimato, una mayor distancia respecto a los recursos especializados y los consiguientes problemas de movilidad, pero también un enorme potencial en las redes comunitarias y el tejido asociativo, no siempre disponible en todos los espacios.

Finalmente, es necesario desplazar el foco hacia políticas de acompañamiento, protección y participación basadas en evidencias, que reconozcan las condiciones estructurales del entorno digital y distribuyan la responsabilidad entre familias, centros educativos, administraciones públicas y sector tecnológico, sin olvidar proteger y potenciar la agencia propia de los niños, las adolescentes y las jóvenes como actores clave de estos procesos de transformación digital, y no como simples destinatarios de las políticas.

Un internet más seguro es un internet más democrático

De la misma manera que una ciudad pensada para ser segura para un niño de 10 años —como decía Francesco Tonucci— es mejor para todo el mundo, un internet seguro y habitable para la infancia y la adolescencia será, al mismo tiempo, un internet más democrático para el conjunto de la ciudadanía.