El informe subraya la necesidad garantizar que las actividades de responsabilidad pública cuenten con una financiación pública al 100%. Todas las actividades que aportan un beneficio a la comunidad reciban financiación íntegra de la administración pública. Para ello, el informe propone tres acciones clave: identificación por parte de las entidades de todas las actividades prioritarias que son de beneficio público, negociar con la administración condiciones claras para la financiación y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los fondos públicos.

Se proponen tres acciones: captar donaciones de ciudadanos y empresas a través de programas específicos; generar alianzas estratégicas con organizaciones de interés similar; y organizar eventos de recaudación, como talleres, conciertos y charlas, que capten la atención del público y fomenten su implicación en las causas sociales.

Se propone implementar actividades autogestionadas que complementen su misión social y tengan un interés comunitario, contribuyendo a la captación de fondos. También se destaca la importancia de acceder a fondos privados de fundaciones y proyectos sociales u otro tipo de subvención. 

Formar consorcios entre entidades del mismo sector o con intereses comunes, promover el intercambio de recursos y de buenas prácticas y establecer vínculos con otros sectores, como la economía social.

Desde el comité de personas expertas se ha dado importancia al establecimiento de protocolos internos claros y la elaboración de informes accesibles sobre el uso e impacto social positivo de las actividades realizadas.  

Es esencial fomentar la participación activa de la sociedad en las actividades del Tercer Sector, destacando el valor de su colaboración a través de programas de voluntariado y donaciones. Además, se recomienda desarrollar campañas de sensibilización que refuercen el compromiso de los ciudadanos con las entidades. 

Con la planificación estratégica se pretende asegurar que las entidades puedan adaptarse de manera ágil a los cambios y mantener su viabilidad. Para ello, se proponen la implementación de sistemas de evaluación continua que permitan ajustar las actividades a las necesidades detectadas, el fortalecimiento de la gestión interna mediante la capacitación del personal y un control riguroso de los gastos. 

Esta recomendación enfatiza la necesidad de mejorar la gestión interna de las entidades, implementando sistemas de evaluación, capacitando al personal en áreas clave como gestión y búsqueda de fondos, y estableciendo procedimientos claros para optimizar los procesos administrativos y económicos. 

Para alcanzar y conectar con un público amplio y diverso es fundamental el desarrollo de estrategias de comunicación, elaborar informes y recomendaciones claras y accesibles, acompañados de una diversificación de canales —como redes sociales, boletines, eventos y medios de comunicación. 

Es crucial participar activamente en los debates sobre políticas públicas y procesos participativos para influir en los cambios normativos. Además, se debe aprovechar las redes de colaboración para presentar propuestas conjuntas y generar conocimiento que respalde un marco legal favorable al tercer sector. 

Necesidad de crear líneas de subvencionesadaptadas a las particularidades del mundo rural, dado que las entidades en estas zonas enfrentan desafíos específicos en lo relativo a los recursos.  También se recomienda desarrollar redes locales entre las entidades del ámbito rural, proporcionar capacitación especializada en gestión ycaptación de fondos para estas organizaciones. 

El equipo de Fundació Ferrer i Guàrdia está coordinando la elaboración de un artículo divulgativo que profundizará en la diversificación territorial en la financiación, con un enfoque específico en las necesidades del mundo rural.