La Fundación Ferrer i Guàrdia compareció ayer, 1 de febrero de 2024,  en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya en relación a la Proposición de ley de las personas mayores. 

La ponencia, a cargo de la directora de la entidad, Hungria Panadero, defendió una Ley que integre derechos y aborde la diversidad, ordene ámbitos de actuación y promueva una participación decisiva, avanzando hacia una estrategia catalana de las personas mayores.  

La Fundación Ferrer i Guàrdia es un think thank especializado en la investigación social aplicada de políticas públicas. Disponemos de conocimientos en diversos ámbitos de investigación específicos y cómo aplicarlos para una planificación estratégica de las políticas públicas. En la comparecencia en la Comisión de Derechos sociales, vamos a partir de un enfoque estratégico integral para impulsar, ordenar y racionalizar el desarrollo de políticas para las personas mayores en Cataluña, escalando proyectos ya existentes en el territorio. Recientemente, la Fundación ha hecho incursiones en las políticas destinadas a las personas mayores y el desarrollo de planes estratégicos municipales. En los municipios a menudo nos encuentran con una serie de actuaciones ya desplegadas en el ámbito de políticas de personas mayores que hay que ordenar y priorizar. 

En cuanto a la terminología, Hungria Panadero defendió el uso del término "personas mayores" en lugar de "gente mayor", ya que esta denominación es más respetuosa, inclusiva y refleja mejor la diversidad de esta etapa de la vida. Desde una perspectiva demográfica, cada vez hay una distribución más diversa de personas mayores en Cataluña. Consideramos crucial que la Ley considere grupos específicos de edad (65-69, 70-74, etc.), porque las necesidades e intereses varían significativamente entre una persona de 67 años y una de 87 años, por ejemplo.  

En la exposición de motivos de la Ley, instamos a integrar una mirada centrada en ciclos de vida y nuevas longevidades, porque estas longevidades "nos hablan también de nuevas necesidades, de cambio de contexto social y estructura", según Panadero. Asimismo, cuestionamos "si tenemos que definir una Ley de personas mayores o una ley de políticas para personas mayores", abriendo un debate que ya se ha concretado en otros ámbitos de política pública catalana como, por ejemplo, la Ley de Políticas de Juventud o de Infancia. 

Además de estas aportaciones de carácter más transversal y estratégico, en la comparecencia hemos abordado dos ámbitos en los que hemos desarrollado proyectos: la participación y la brecha digital. 

En relación con la participación, la Fundación Ferrer i Guàrdia alerta sobre la falta de referencia a la Ley de Participación Ciudadana 11/2023. Al mismo tiempo, en esta normativa se especifican ciertos colectivos (como los niños, las adolescentes, las mujeres, las personas LGTBI y las personas con discapacidad), pero no las personas mayores. La Fundación también propone la creación de un Observatorio de las Personas Mayores de Cataluña para recopilar datos, realizar estudios específicos y fomentar la divulgación.   

En cuanto a las tecnologías digitales, en la última década, el número de usuarios de internet de 65 a 74 años creció en un 50%, pasando del 14% al 70% de la población. No obstante, hay desigualdades sociodigitales a destacar: el 41% de las personas mayores de 75 años con ingresos superiores a 2.500 euros acceden diariamente a internet, mientras que sólo el 9% de las personas de esta misma edad con ingresos inferiores a 900 euros mensuales lo hacen. 

Según la encuesta a nivel estatal realizada por la Fundación Ferrer i Guàrdia sobre la brecha digital, un 8,5% de la población nunca utiliza internet. En este grupo, la gran mayoría son mujeres mayores de 65 años y que no han cursado estudios. 

Hay que apostar e integrar en la Ley la universalización de las tecnologías digitales, procesos y trámites desde el diseño de los servicios públicos para garantizar que ningún segmento de las personas mayores quede excluido de esta transformación digital. 

En resumen, la Ley debe brindar los derechos de las personas mayores, abordando el mayor número de situaciones de vulnerabilidad posibles. La Fundación Ferrer i Guàrdia reafirma su compromiso con las personas mayores y contribuir a mejorar la nueva normativa, ofreciendo apoyo a los agentes sociales involucrados y avanzando hacia una estrategia catalana que ordene los diferentes ámbitos de actuación en las personas mayores.