En el marco de fin de legislatura del mandato del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, hemos realizado un balance de las medidas impulsadas y una revisión de las propuestas finalmente no ejecutadas en materia de laicidad. 

Las medidas en materia de laicidad que quería implementar el ejecutivo se integraron en el pacto “Un nuevo acuerdo para España”.  Las más destacadas consistían en: la creación de una nueva Ley de Libertad de Conciencia, que la asignatura de religión no se vinculara a una “actividad alternativa” y que no computara su nota en la evaluación del alumnado, y la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica.  

Desde la Fundación Ferrer Guardia presentamos a principios de legislatura el Manifiesto por un Estado Laico. Nuestra principal demanda al ejecutivo era la derogación del Concordato entre España y la Santa Sede, favorecedor de un conjunto de privilegios a la Iglesia católica en detrimento de las demás opciones de conciencia, como paso esencial para consolidar avances hacia la estricta separación de Iglesia y Estado.  

Pasados estos tres años y medio de gobierno, este es nuestro balance de las medidas impulsadas. 

Avances hacia un Estado laico 

Aprobar la nueva ley de educación: LOMLOE. Aprobada en noviembre de 2020, pese a que la enésima reforma educativa sigue ofertando la asignatura de religión para todas las etapas educativas preuniversitarias tal como establece el Concordato con la Santa Sede, esta materia ya no computa para la nota media del expediente académico del alumnado. Además, religión deja de contar con una asignatura alternativa.  

Publicar un listado de bienes inmatriculados. En febrero de 2021, la exvicepresidenta primera Carmen Calvo remitió al Congreso de los Diputados un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. El Gobierno ha continuado manteniendo conversaciones con la jerarquía eclesiástica sobre esta temática y llegaron en enero de 2022 a un acuerdo para que devolviera un millar de bienes que la propia Iglesia reconocía que no le pertenecían.   

Aprobación de la Ley de regulación de la Eutanasia. En marzo de 2021, se aprobaba en el Congreso la nueva norma con la única oposición del PP y VOX. La ley convertía a España en el cuarto país de Europa que recogía el derecho a una muerte digna más allá de criterios morales y religiosos.  

Eliminar el privilegio fiscal de la Iglesia en dos impuestos municipales. En marzo de 2023, el ministro de Presidencia Félix Bolaños alcanzó un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española para que la institución abone el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto por contribuciones especiales. Se trataba de dos gravámenes que hasta entonces las demás confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro sí que pagaban por sus inmuebles.  

Respetar la neutralidad institucional en actos oficiales. En la toma de posesión del primer gobierno de Pedro Sánchez se juró el cargo únicamente ante la Constitución Española y se evitó la representación de símbolos o fórmulas católicas como había ocurrido anteriormente. Ese compromiso por la neutralidad se volvió a escenificar en el funeral de Estado por las víctimas de la COVID-19 que consistió en un acto civil.  

Medidas clave sin resolver 

Devolver los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946. El Gobierno sigue negociando con la Conferencia Episcopal sobre cómo avanzar en la devolución de estos bienes, pero no se ha concretado en ningún procedimiento. Además, se desconoce el número total de inmuebles que indebidamente registró la Iglesia a su favor desde la reforma de la Ley Hipotecaria por el régimen franquista en 1946. Según las organizaciones por la recuperación del patrimonio, se trataría de más de cien mil bienes donde se incluyen iglesias, cementerios, casas rectorales, terrenos, plazas, centros comunitarios y edificios de todo tipo.  

Aprobar una Ley de Libertad de Conciencia. Es una propuesta del acuerdo de coalición que no se ha implementado. La exvicepresidenta Carmen Calvo inició en 2020 una ronda de conversaciones con todas las confesiones religiosas para recoger sus visiones sobre esta futura norma, aunque no se reunió con entidades laicistas o asociaciones defensoras de opciones de conciencia no religiosas. La salida de Calvo del gobierno en la remodelación ministerial de julio de 2021 dejó el anteproyecto en manos de su sucesor. Perdida la iniciativa gubernamental, en otoño de 2022, PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición no de ley en el Congreso para impulsar la norma.   

Suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Los partidos de izquierda han abanderado históricamente la derogación de la norma de este delito que se utiliza en muchas ocasiones para coartar la libertad de expresión y sirve al fundamentalismo religioso para litigar contra políticos, humoristas, artistas o personalidades de la esfera pública. En junio de 2021, el Congreso aprobó una proposición de ley presentada por Unidas Podemos para reformar el Código Penal que incluía la derogación de este artículo. La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también solicitó por carta al ejecutivo su despenalización. Pero la reforma del Código Penal que se aprobó a finales de 2022 para modificar los delitos de sedición y malversación no incluyeron la eliminación de la ofensa a los sentimientos religiosos, a pesar de las insistencias de Unidas Podemos y de Izquierda Socialista del PSOE.  

Derogar el Concordato. A pesar de no estar incluida esta medida en el acuerdo de gobierno, sí que el PSOE incluía esta propuesta en su programa electoral en las últimas elecciones generales. No obstante, en la ponencia marco del 40º Congreso del PSOE se apostaba por una denuncia y posterior revisión de los acuerdos de forma consensuada con la Iglesia católica para actualizarlos a la sociedad actual.  

Reivindicaciones laicas para las elecciones del 23J 

Visto en retrospectiva, los avances en cuestiones de laicidad han sido considerables, pero ha faltado ambición y más liderazgo por parte del Gobierno. La pandemia, la guerra de Ucrania y la espiral inflacionaria han relegado a estas iniciativas fuera de los ejes más prioritarios del ejecutivo. 

La siguiente legislatura debería de ofrecer una nueva oportunidad para poner la laicidad en el centro en la construcción de un proyecto de país 2030. Ante las elecciones generales del 23 de julio, reclamamos a los partidos políticos que incluyan en sus programas propuestas para consolidar un Estado laico.  

Valorando los esfuerzos realizados por un Gobierno que no ha contado con mayorías suficientes en los diversos ámbitos de gestión, consideramos que las fuerzas dotadas de sensibilidad progresista y cultura democrática son las que pueden realizar las transformaciones adecuadas en la construcción de una sociedad abierta, libre y, por tanto, laica. Estas son nuestras propuestas: 

• Derogación del Concordato. Las relaciones con una comunidad religiosa no pueden basarse en un tratado internacional con un Estado extranjero que otorga un estatus de confesión preferente ante las demás opciones de conciencia.  Su denuncia supone romper la obligatoriedad del Estado a dedicarle una casilla para financiarse a través de las asignaciones de los impuestos de los contribuyentes o su presencia en todas las etapas educativas preuniversitarias, entre otros privilegios.  
• Ley de Libertad de Conciencia. Esta norma es imprescindible para garantizar la neutralidad de las instituciones y mantener una estricta separación de Iglesia-Estado. Esta ley debe regir las relaciones con todas las opciones de conciencia desde un plano de igualdad, sin privilegios ni discriminaciones. 
• Escuela inclusiva y sin segregación por creencias. La asignatura de religión debe eliminarse en la enseñanza financiada con fondos públicos. Los dogmas y creencias no pueden tener cabida en una educación laica basada en el pensamiento crítico. Con una sociedad cada vez más diversa, no es de recibo segregar a cada alumno según sus creencias sino impartir una materia más útil para su formación, mientras que el fenómeno religioso se puede enseñar de forma transversal en las demás asignaturas.  
• Devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Publicar el listado total de inmuebles registrados indebidamente por las autoridades eclesiásticas desde 1946 y establecer protocolos y mecanismos para la devolución a sus legítimos propietarios.  
• Supresión de los delitos contra la libertad de expresión. En especial, el referente a la ofensa contra los sentimientos religiosos.