Cada visita de un Papa a España activa un viejo resorte: el de comprobar hasta qué punto nuestra democracia ha asumido, de verdad, la separación entre Iglesia y Estado que consagra el artículo 16.3 de la Constitución. No es una cuestión de fe, sino de higiene institucional. Y, como en ocasiones anteriores, las entidades del entorno laico expresaremos nuestro desacuerdo con los privilegios simbólicos y materiales que aún persisten. No para incomodar a los creyentes —que merecen el máximo respeto—, sino para recordar que la neutralidad del Estado es condición de libertad para todos. 

Este año, sin embargo, la coreografía habitual se ha visto enturbiada por un fenómeno tan previsible como decepcionante: algunos medios radicalizados han iniciado una campaña de desprestigio contra la Fundación Ferrer, como si defender la laicidad fuese un gesto anticlerical o una provocación. Es un error del viejo clericalismo, que sigue confundiendo crítica institucional con hostilidad religiosa. Y es, además, un error estratégico: hoy, paradójicamente, el Papa León tiene más seguidores progresistas que conservadores. 

Porque si algo ha demostrado este pontificado es que la autoridad moral no se ejerce desde el dogma, sino desde la empatía, la defensa de la paz, la denuncia del abuso y la comprensión hacia los diferentes. En su enfrentamiento con Donald Trump, en su insistencia en que la guerra nunca es solución, en su condena firme —y por fin eficiente— de los abusos sexuales del clero, León ha encarnado una sensibilidad que conecta más con la cultura democrática contemporánea que con los viejos reflejos de sacristía. 

Por eso sorprende que ciertos sectores pretendan convertir su visita en un instrumento de confrontación interna. No es el Papa quien divide: son quienes lo utilizan como coartada para mantener privilegios que la sociedad española ya no avala. La laicidad no es una trinchera, sino un espacio común. No exige renunciar a la fe, sino impedir que ninguna fe se imponga sobre las demás. Y en un país plural, con una ciudadanía adulta, esa neutralidad es más necesaria que nunca. 

La Fundación Ferrer —como tantas otras entidades cívicas— no se opone al Papa ni a la Iglesia. Se opone, sencillamente, a que el Estado actúe como si tuviera confesión propia. Y lo hace desde una tradición ilustrada, republicana en el sentido más noble del término: la que entiende que la libertad de conciencia es el primer derecho civil. 

Quizá la mejor manera de acoger esta visita sea, precisamente, desde esa madurez. Escuchar al Papa cuando habla de paz, de justicia social, de dignidad humana. Y recordar al Estado que su papel no es arrodillarse ante ninguna autoridad espiritual, sino garantizar que todas puedan convivir sin privilegios ni discriminaciones. 

La laicidad no es un combate: es una forma de convivencia. Y España, que ha aprendido tanto en tan poco tiempo, merece ejercerla sin complejos.