El derecho a la juventud: radiografía de una generación en crisis  

El concepto actual de juventud ha sido construido después de décadas de lucha social: desde la supresión del trabajo infantil hasta la reducción de la jornada laboral; desde el acceso universal a la educación y a la cultura hasta la defensa del derecho a la vivienda. La juventud es, en breve, un espacio abierto entre la infancia y la adultez que permite establecer los fundamentos de la vida futura. En otras palabras, es "la protección de una parte de la población de la urgente necesidad de la autosuficiencia. [...] Fue la clase obrera, a punta de huelgas y manifestaciones [...] la que comenzó a democratizar la juventud, haciéndola accesible por los niños desprovistos de los privilegios conferidos por la fortuna o el origen noble" (Fernández, 2013). 

El hecho biológico de ser joven es sólo la base sobre la que se apuntala todo este andamio socioeconómico. Detrás de la juventud están las conquistas del movimiento obrero, del feminismo y de los movimientos sociales y vecinales. Es en este marco que podemos hablar del derecho a la juventud, entendido como síntesis de todos aquellos derechos socioeconómicos necesarios para la construcción de la vida. Estas premisas nos pueden conducir a como mínimo, dos conclusiones derivadas. Primera: partimos de una concepción dialéctica de la juventud, en la que ésta se define a partir del contexto económico, social, político y cultural existente, y que, por tanto, está sujeto a cambios de acuerdo con la transformación de estas estructuras. En segundo lugar, la defensa de la juventud es una defensa política, enmarcada en la pugna por la ampliación o restricción de derechos, pero también y, sobre todo, en el debate sobre la sociedad futura.  

La estigmatización de la juventud -más específicamente la de la juventud de clase trabajadora-, no debe entenderse sólo como el fruto de una ruptura generacional, sino como una expresión de este conflicto ideológico y político. La construcción en el imaginario colectivo del joven como persona perezosa, irresponsable, conflictiva, etc. es el motor legitimador de la reducción de derechos, la tolerancia y banalización de la explotación laboral, la violencia policial, etc. Siendo especialmente grave el acoso mediático, social y político hacia aquellos colectivos más vulnerables, sean jóvenes inmigrantes, mujeres, personas trans, entre otros.  

Las personas nacidas en torno al año 2000 han crecido entre la crisis económica y financiera iniciada del año 2008 y la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. Las dos han tenido especial incidencia entre los jóvenes en situación de vulnerabilidad (Observatorio catalán de la juventud, 2020). El impacto de estas crisis se ha dado en su realidad material -paro y precariedad laboral, imposibilidad de acceso a la vivienda, etc.-, pero también en la construcción de las expectativas de futuro. El aumento de los problemas de salud mental o la desmovilización juvenil son, posiblemente, fenómenos estrechamente vinculados a esta realidad. Por otra parte, la evolución de las cifras sobre la realidad de las personas jóvenes nos indica también la limitada capacidad de las políticas públicas a la hora de emprender cambios estructurales que permitan garantizar el derecho a la juventud. Podemos afirmar que nos encontramos en un periodo de crisis de la juventud, ante el que, paradójicamente, se produce una prolongación temporal de la misma (hasta los 34 años); que se convierte, a su vez, en una prolongación de la precariedad, la incertidumbre y la inestabilidad. Este alargamiento temporal de la juventud nos indica que "la precariedad de los jóvenes no es coyuntural sino generacional. Encomendarlo todo al paso del tiempo, por lo tanto, es esperar que un problema social tenga una solución natural" (Galicia, 2022).  

Radiografía de una juventud en crisis   

Los últimos datos publicados por el Observatorio Catalán de la Juventud (2023), nos ofrecen una panorámica de la situación actual de las personas jóvenes en Cataluña. En primer lugar, cabe mencionar que la tasa de emancipación residencial es del 21%, solo 2 de cada 10 personas jóvenes (16 a 34 años) ya no viven en su hogar de origen. En el año 2014, esta cifra era superior al 25%. Si bien se observa también que la emancipación se incrementa con la edad, cabe mencionar que casi el 40% de la población de entre 25 y 34 no está emancipada. Una cifra que es del 20% si nos centramos en la franja de los 30 a los 34 años. 

La Encuesta a la juventud de Cataluña 2022 (Verd, Julià, Valls, 2023) también ofrece algunos datos interesantes en este ámbito: la mitad de las personas jóvenes emancipadas viven en pisos de 75m2 o menos, siendo en las zonas urbanas donde se encuentran las viviendas más pequeñas. Por otra parte, el 36,4% de los jóvenes que viven de alquiler señala que su vivienda presenta algunas deficiencias, mientras que un 6,2% afirma que se encuentra en mal estado. El sesgo socioeconómico es claro en este aspecto, dado que la cifra de personas con ingresos bajos que vive en viviendas en mal estado es cinco veces superior que en el caso de los jóvenes con ingresos más altos.  

Una última cifra destacable de la encuesta es la que nos indica que el 21% de las personas jóvenes que viven de alquiler se encuentran en una situación de riesgo de pobreza.  

La pericia de la Fundación Ferrer i Guàrdia en el ámbito de la juventud, especialmente en el desarrollo estratégico en los ámbitos local y comarcal, nos permite identificar algunos retos vinculados a los datos. Por un lado, el coste del alquiler: la media catalana es de 830€ mensuales (Agencia de la vivienda de Cataluña, 2023) y, en algunos casos, la falta de oferta, son aspectos fundamentales para comprender la imposibilidad de emancipación residencial de muchos jóvenes. Además, hay que tener también en cuenta otros elementos más difíciles de cuantificar, como pueden ser los requisitos de acceso al alquiler (depósito, disposición de contrato laboral indefinido, etc.) o las situaciones de discriminación que sufren las personas jóvenes, especialmente aquellas que son racializadas. Por otra parte, la falta de viviendas de protección oficial (HPO) contribuye a que estos se destinen, de manera prácticamente exclusiva, a familias en situación de vulnerabilidad. 

El paro juvenil ha experimentado una notable tendencia a la reducción en los últimos años. De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio (2023), actualmente la proporción de personas desempleadas de entre 16 y 29 años es del 14,5%, una cifra que contrasta con la de 2014, superior al 35%. Esta disminución acompaña la tendencia general en el resto de los grupos de población, si bien hay que apuntar que el paro juvenil es, todavía, sensiblemente superior a la tasa global, situada en el 8,4%.  

Cabe mencionar que la reducción del paro no se produce de manera homogénea en todo el territorio; posiblemente, el sector económico predominante en los diferentes municipios es un factor explicativo de este hecho. También es necesario apuntar que la disminución del paro no debe vincularse, necesariamente, con la reducción de la precariedad laboral (CCOO, Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, 2021). Por otra parte, se perciben políticas insuficientes en este ámbito —generalmente centradas exclusivamente en el asesoramiento—, aunque estas se han visto reforzadas por algunos recursos de fomento e incentivación de la contratación juvenil, como el programa de Garantía Juvenil.  

La Encuesta a la juventud de Cataluña confirma esta tendencia a la reducción del paro, acompañada de otros indicadores positivos, como pueden ser la disminución de la temporalidad (de 6,5 puntos con relación a los datos de la encuesta de 2017), o la satisfacción general de la mayor parte de los jóvenes ocupados con su trabajo. No obstante, hay que remarcar que el 28% de los jóvenes ocupados tienen trabajos temporales, y un 6,9% cuenta con trabajos breves o pequeños (canguraje, clases particulares, etc.) o trabajos sin contrato. Por otra parte, el 44,9% se muestra insatisfecho con su salario, y el 49,2% con sus posibilidades de promoción.  

Cabe destacar, de nuevo, la intersecciolidad de las desigualdades relacionadas con la edad, el género, el origen o la situación socioeconómica. Las personas más jóvenes son las que presentan una menor contratación indefinida (sólo en un 28,9% de los casos). El 5,1% de las mujeres jóvenes se encuentran en situación de inactividad para cuidar de los hijos, siendo esta cifra del 1% en el caso de los hombres. Las mujeres presentan también una mayor proporción de temporalidad laboral que los hombres, así como una menor presencia en los trabajos a jornada completa.  

Los y las jóvenes nacidas fuera del estado tienen una mayor presencia en los trabajos de corta duración o en la economía sumergida (10,3%, frente al 4,7% de las personas jóvenes nacidas en el estado y con padres también nacidos en el estado).  

Los individuos provenientes de familias de clase trabajadora se ven significativamente más afectados por el desempleo o la inactividad laboral, en comparación con aquellos que provienen de familias ocupadas en roles directivos, técnicos o científicos.  

Un tercer ámbito a destacar es el de la educación. En este aspecto, se pueden destacar los estudios como una opción "refugio" en las épocas de incremento del paro. La crisis de 2008 impulsó un incremento de la población joven que estudia, una cifra que se estabilizó en torno al 50% en el año 2016, coincidiendo con un periodo de recuperación económica, y que ha experimentado un nuevo incremento con la pandemia de 2020. De acuerdo con los últimos datos disponibles, actualmente casi el 57% de las personas jóvenes de entre 16 y 29 años están estudiando.  

Posiblemente, tal y como se apunta en el Plan de choque contra el abandono educativo en  Cataluña, una de las principales problemáticas persistentes en Cataluña es el abandono escolar prematuro (AEP), que actualmente es del 16,9%, por encima de la media española (13,9%) y europea (9,6%) (Idescat, 2022).  

En este ámbito, podemos apuntar un apoyo insuficiente a las situaciones de necesidades específicas de apoyo educativo (NESE, entre las que se encuentra el abandono), especialmente en aquellos territorios donde estas situaciones son más agravadas. Las limitaciones en la oferta de recursos de nuevas oportunidades educativas o la falta de recursos de orientación sobre los diversos itinerarios formativos, se convierten también en elementos que es necesario abordar, según las diagnosis realizadas por la Fundación Ferrer i Guàrdia.  

Se identifican igualmente problemas en una oferta formativa diversa y suficiente, especialmente en los municipios pequeños. Este hecho se ve agravado considerando las limitaciones de los servicios de transporte público para acceder a los centros educativos de otros municipios en muchos de estos territorios. Además, se presentan obstáculos para abordar el fenómeno desde una perspectiva interdepartamental e interinstitucional. 

En cuanto a la transición educación-empleo, la Encuesta a la juventud de Cataluña propone la agrupación de las personas jóvenes en diversos itinerarios: el 31,4 % de la población joven tiene "éxito progresivo", caracterizado por una "trajéctoria educativa media" y por "la adquisición progresiva de estabilidad laboral". El segundo grupo mayor de jóvenes es el que se encuentra en una "situación de precariedad y temporalidad" (28,4%), en este caso identificada con una "traja educativa media con una inserción laboral con inestabilidad que se mantiene a lo largo de los años analizados". El tercer grupo más numeroso es el del inicio laboral tardío y precario (20,5%), caracterizado por una "traja educativa larga con muchos cambios de situación laboral y contratos".  

Para finalizar, nos gustaría destacar el contexto tecnológico y digital. Nuestro imaginario social ha desarrollado la visión de una generación que ya es nativo digital, pero el acceso a los recursos y dispositivos digitales, así como la capacitación en su uso, aún presentan diversos retos. En este sentido, son destacables las desigualdades en la inclusión digital y en la adquisición de competencias para extraer un beneficio concreto de los usos tecnológicos. El aprovechamiento está muy vinculado a cuestiones de capital social y cultural, el nivel de ingresos y de formación (Gómez, 2023). Podemos afirmar como síntesis que en el ámbito digital se reproducen las desigualdades sociales existentes (Gómez, Padró-Solanet, 2022).

Reflexiones sobre el derecho a la juventud 

Esta breve radiografía de la situación de las personas jóvenes muestra, en términos generales, la persistencia de necesidades estructurales que dificultan o imposibilitan el desarrollo de los itinerarios vitales de las personas jóvenes. En este sentido, se pueden esbozar algunas reflexiones finales:  

La realidad de los jóvenes está fuertemente condicionada por la coyuntura socioeconómica, lo que resalta la insuficiencia de las políticas públicas para "proteger la juventud" y garantizar el libre desarrollo (formativo, ocupacional, residencial, etc.) 

En particular, en el ámbito de la vivienda, la preocupante falta de recursos y de políticas activas se hace evidente, teniendo en cuenta el creciente problema de acceso. Las políticas para el fomento de la vivienda pública son insuficientes y están destinadas a dar respuesta a los casos de emergencia social, lo que impide que se conviertan en políticas activas para el fomento de la emancipación residencial de la población joven. 

Hay que hacer especial énfasis en los colectivos en los que interseccionan varios ejes de discriminación. Vemos una tendencia al crecimiento de las desigualdades, algunas propiciadas por la falta de recursos en el desarrollo de las políticas públicas destinadas a paliarlas, y en otras por la prevalencia de actitudes sociales discriminatorias hacia determinados colectivos. Hay que apuntar, además, la reproducción en el mundo digital de las desigualdades sociales existentes. 

La precariedad de las condiciones de vida de las personas jóvenes puede tener consecuencias directas y profundas sobre el modelo de sociedad, las expectativas de futuro individuales y colectivas y la confianza en la democracia. Es fundamental establecer vinculación entre las condiciones materiales de vida y la capacidad/voluntad de participar en los asuntos comunitarios.