Informe sobre las inscripciones de bienes patrimoniales realizadas por diócesis, obispados y arzobispados en Cataluña y el resto del Estado mediante un privilegio legal, ahora ya derogado.
Como si fueran notarios, los representantes eclesiásticos se apropiaron de miles de iglesias, terrenos y edificios de patrimonio público y privado. Un privilegio concedido por una ley franquista de 1946 y ampliado por el gobierno de Aznar ya en democracia.
¿Cómo recuperar el patrimonio inmatriculado? El informe propone distintas alternativas que tienen que liderar las instituciones, las principales afectadas por este espolio.
