Las principales demandas para el proyecto de ley de fomento del asociacionismo


Las principales demandas para el proyecto de ley de fomento del asociacionismo

La Fundación Ferrer i Guardia compareció el lunes 21 de noviembre en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya para dar su visión sobre el proyecto de ley de fomento del asociacionismo. Precisamente uno de los principales objetivos de la organización es el apoyo a entidades y la promoción de la participación como garantía de la democracia.

La directora Hungria Panadero participó con una ponencia en la que expuso cuatro áreas donde se pueden introducir mejoras en el texto legislativo.


Conocimiento del asociacionismo 

Desde la Fundación se pidió que la futura ley contemple la creación de un observatorio del asociacionismo para generar conocimiento en el sector. "Es necesario conocer para actuar, y difícilmente se puede evaluar el impacto de la ley sin el conocimiento del punto de partida", expresó Panadero. En este sentido, se hizo constar la importancia de saber el número de entidades del territorio catalán, sus características y necesidades, su valor añadido, así como las percepciones de la ciudadanía hacia el asociacionismo y la participación.

Se reivindicó la necesidad del despliegue de un registro único y un censo vivo de entidades. Este mecanismo permitiría realizar un seguimiento de la realidad asociativa, así como del índice de mortalidad de entidades.

También se reclamó que la norma amplíe la generación de conocimiento más allá del ámbito universitario para incluir a todo el tejido asociativo, que históricamente ha sido el mayor impulsor de estudios sobre la realidad asociativa.


Financiación de las entidades

En cuanto a la financiación, desde la Fundación se pidieron mecanismos de apoyo, ordenación y orientación para la administración local respecto a la acción subvencional. Se destacó la existencia de una gran diversidad de convocatorias que a menudo presentan contradicciones entre ellas. Por este motivo, se reclamaron mejoras en los calendarios, tramitación y formularios, así como una adaptación de la administración electrónica a las necesidades asociativas.

En su intervención, la directora Hungria Panadero, también reivindicó los recursos no monetarios para que se incluyan y especifiquen en la normativa. "Recordar que la financiación no sólo provienen de las administraciones, sino también en los recursos en especie como locales, materiales y asesoramiento", argumentó.


Educación en la participación 

Uno de los puntos importantes a desarrollar en la nueva ley es la educación en la participación. Desde la Fundación se incidió en la necesidad de fomentar espacios de aprendizaje de cultura participativa para incrementar el número de participantes y su diversidad. A su vez, formar a los profesionales de la administración en este conocimiento para que puedan aplicarlo en procesos y espacios participativos que se emplean en el despliegue de las políticas públicas.

Además, se pidió ampliar y ordenar los ámbitos formativos para que se incluyan los servicios comunitarios, las escuelas de adultos, los centros de educación especial, así como proyectos del consorcio por la lengua.


Competencias asociativas 

El último pilar de las demandas de la Fundación para la nueva ley fue el reconocimiento de las competencias asociativas para mejorar la empleabilidad de las personas y que se valoren también en los procesos de selección públicos. Sin embargo, se alertó de los retos de una posible mercantilización de estos reconocimientos por parte de entidades, así como de evitar una excesiva burocratización en la certificación de estas competencias por parte de las entidades.