Apuntes para repensar las políticas de juventud
El Plan Nacional de Juventud de Cataluña 2030 se encuentra al inicio de su implementación: es un momento interesante para abrir la reflexión sobre el planteamiento y el lugar que las políticas de juventud deben ocupar en el seno del conjunto de las políticas públicas.
Las personas jóvenes se encuentran en una situación de crisis permanente. Las dificultades de acceso a la vivienda o al trabajo digno son algunas expresiones actuales de este fenómeno, que seguramente se puede enmarcar en un contexto de degradación generalizada de las condiciones de vida, pero que en el caso de la población joven presenta consecuencias amplificadas. La precariedad en este periodo vital no sólo compromete la realidad presente de un grupo poblacional, sino también las perspectivas individuales y colectivas de generaciones que están llamadas a afrontar grandes retos de carácter social, económico, ambiental, etc. La crisis en la juventud es también la crisis la sociedad futura.
Nos encontramos al inicio de la implementación del Plan Nacional de Juventud de Cataluña 2030 (PNJCat 2030), es un momento interesante para abrir la reflexión sobre el planteamiento y el lugar que las políticas de juventud deben ocupar en el seno del conjunto de las políticas públicas. Desde la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia entendemos que es necesario una revisión valiente y estructural para que estas políticas se conviertan en efectivas para la defensa del derecho a la juventud, incidiendo en el planteamiento y desarrollo del resto de actuaciones de la Administración pública. La voluntad de este artículo es presentar unas grandes líneas que, consideramos, deberían inspirar la transformación de las políticas de juventud en Cataluña. No se trata, sin embargo, de un listado ni exhaustivo ni detallado, sino más bien una primera aproximación al cambio que necesitamos, abierta a la discusión y a la construcción colectiva.
Políticas de juventud: de la periferia al centro
La centralidad de las políticas de juventud debe definirse desde el reconocimiento y significación de las mismas. Entendemos el reconocimiento no únicamente como un aspecto conceptual y/o discursivo, sino también como el desarrollo de las condiciones materiales y organizativas necesarias para el planteamiento y desarrollo de las políticas de juventud. Proponemos, en términos generales, las siguientes acciones:
Dotación de recursos de acuerdo con la planificación y los objetivos establecidos.
Definición y fomento de la especialización de los perfiles profesionales de juventud.
Establecimiento de una ratio población joven/de servicios y profesionales de juventud.
Capacidad de incidencia en la definición y aplicación del conjunto de políticas públicas dirigidas a las personas.
Por otra parte, la significación de las políticas de juventud debe identificar la misión de las mismas, como recursos y actuaciones dirigidas a la defensa del derecho a la juventud y, por tanto, incorporando la doble perspectiva: 1) políticas que miran al presente e inciden en la realidad de las personas jóvenes. 2) políticas encaradas a dotar de recursos, conocimientos y nuevas perspectivas de futuro.
Reorganización desde la centralidad
El planteamiento desde la centralidad de las políticas de juventud reafirma una idea ya desarrollada en los últimos años: no únicamente son políticas de juventud aquellas que se impulsan desde el departamento/área de juventud. Todos los departamentos de la Administración que impulsan políticas dirigidas a las personas deben incorporar la perspectiva de la población joven, una perspectiva que hay que concretar con objetivos, actuaciones y recursos. En este sentido, es necesario que los departamentos/áreas de juventud refuercen su rol de planificación, coordinación y apoyo técnico. Juventud debe tener un rol central en el diagnóstico, diseño y ejecución de cualquier política pública que se dirija a la población joven (de forma directa o indirecta), los servicios de juventud deben operar como expertos en esta franja poblacional.
En torno a esta propuesta hay que establecer, sin embargo, una consideración. Hemos procurado identificar una tendencia general, que hay que equilibrar y adecuar a la coyuntura: no se trata de que Juventud deje de ejecutar por decreto, sino generar una dinámica de reconfiguración donde las tareas de coordinación y apoyo ganen peso, sin olvidar que existen políticas que, si no son desplegadas directamente desde Juventud, muy difícilmente podrán ser asumidas por otros departamentos.
Construcción de la gobernanza juvenil
Hay que avanzar hacia procesos de coproducción de las políticas de juventud con capacidad para incorporar la perspectiva de la población joven y del asociacionismo juvenil en el proceso de planteamiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El despliegue de un modelo de gobernanza requiere planificación e identificación de los agentes atendiendo a la realidad territorial específica. Sin voluntad de exhaustividad, planteamos algunas consideraciones generales:
La gobernanza supone, necesariamente, horizontalidad entre la Administración y el resto de agentes que intervienen: no se trata de un espacio o proceso de consulta, sino de una manera de entender la creación de las políticas públicas basada en el análisis y desarrollo comunitario de actuaciones.
Hay que construir mapas de activos con una visión estratégica, identificando a aquellas personas y colectivos que deben configurar los espacios de gobernanza, pero también los aspectos que pueden dificultar o impedir su participación. El despliegue de recursos y actuaciones específicas para diversificar la participación es necesario para una gobernanza robusta y representativa.
Es importante explorar las innovaciones que nos ofrecen las plataformas de participación híbridas (presencial-digital), los sistemas de votación electrónica, las propuestas de participación por sorteo o las nuevas perspectivas de las iniciativas autogestionadas de participación juvenil, entre otras iniciativas, con el fin de ampliar, diversificar y mejorar la accesibilidad a los canales y espacios de gobernanza.
Es necesario impulsar una reflexión estratégica en torno a la gobernanza, identificando cuáles son las limitaciones existentes (en ámbitos como los recursos, la capacidad de incidencia, la motivación para participar, etc.), fomentando el intercambio de experiencias y estableciendo medidas innovadoras y de corrección de las problemáticas detectadas para potenciar la participación.
La gobernanza no responde sólo a la voluntad de expandir los límites de la democracia, sino que responde también a criterios de eficiencia y planificación: se trata de una red relacional que debe permitir identificar 'a tiempo real' las necesidades de las personas y colectivos a los que se dirigen las políticas de juventud, contando con una mayor información.
Despliegue territorial
La capilaridad de los servicios, espacios y profesionales de juventud desplegada en los últimos años es una potencialidad que hay que mantener y reforzar. Estas personas y recursos son a menudo la puerta de acceso de las personas jóvenes a la Administración y realizan a la vez tareas imprescindibles de acompañamiento, asesoramiento, fomento cultural y de ocio, etc. imprescindibles.
En el marco de la reformulación planteada, el despliegue territorial debería encararse también a generar redes de gobernanza, por un lado, y a incrementar la coordinación con el resto de departamentos/áreas, generando modelos más eficientes de acceso a los recursos y servicios de juventud.
Trabajo y vivienda, punta de lanza de las políticas de juventud
Las aportaciones realizadas en los anteriores puntos pierden toda su fuerza sin un cambio en la dimensión sustantiva de las políticas de juventud. Reivindicamos, en este aspecto, unas políticas de juventud con capacidad para transformar la realidad material de las personas jóvenes, especialmente en los ámbitos del trabajo y la vivienda, en los que existe una situación de auténtica emergencia juvenil. Por otra parte, la situación laboral y habitacional de las personas jóvenes presenta incidencia directa en otros ámbitos, como pueden ser la salud mental, el acceso a la cultura, la participación en los asuntos públicos, etc. a la vez que condiciona las perspectivas individuales y colectivas.
Esta apuesta de priorización de las políticas de trabajo y vivienda posiblemente debe estructurarse en un plan estratégico específico, vinculado al desarrollo de los objetivos del LGAI 2030 y que disponga de una asignación presupuestaria asociada. Con todo, entendemos que es urgente la adopción de medidas como la creación de un parque de vivienda pública adecuado a la demanda juvenil existente, la regulación efectiva de los precios del alquiler en el mercado libre, el desarrollo de nuevos programas de empleo dirigidos a sectores amplios de la población juvenil, intensificación de las inspecciones de trabajo., especialmente en aquellos sectores donde las problemáticas de precariedad y vulneración de los derechos laborales son más recurrentes.
La Fundació Ferrer i Guàrdia es una entidad sin ánimo de lucro que, desde el 1987, trabaja en la investigación, el asesoramiento y el diseño de políticas públicas para fomentar la emancipación y la participación ciudadana activa y crítica.